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1.- La crisis del coronavirus está generando un intenso debate jurídico en torno a las medidas que contempla nuestro Derecho para hacer frente a las situaciones de emergencia y su concreta aplicación. El debate se ha centrado, especialmente, en si, a la vista del grado de incidencia de las medidas adoptadas en los derechos fundamentales, lo procedente era declarar el estado de alarma o el de excepción. Pero la discusión también ha alcanzado, dado el gran número de personas a que afecta, al régimen sancionador que, supuestamente, contempla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (en adelante, RDEA), que no hace más que reproducir lo que al respecto contempla la propia Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (en lo sucesivo, LOAES).

La cuestión más debatida está siendo, sin lugar a dudas, la de si los incumplimientos de las normas de conducta que prevé el propio RDEA en sus arts. 7, 10 y 11, o contemplan las diferentes Órdenes Ministeriales que se están dictando en su aplicación, deben sancionarse aplicando la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC).

2.- El RDEA, realmente, no prevé ningún régimen sancionador que respalde el cumplimiento de los mandatos y prohibiciones que el mismo establece o las Órdenes ministeriales dictadas en su aplicación. No tipifica nada como infracción ni prevé, desde luego, ningún tipo de sanción. Sólo contiene una genérica remisión. Lo cual ha creado mucha confusión. No ha previsto ningún régimen sancionador, aunque podría haberlo hecho. A mi juicio, el RDEA podría y debería haber previsto su propio régimen sancionador, ya que no existe ningún límite constitucional o legal que lo impida y, además, es la opción más respetuosa con la seguridad jurídica y la más eficaz desde el punto de vista sancionador. Pero esto, será abordado, con algo más de detenimiento, en otra entrada de este blog, porque ahora sólo quiero centrarme en lo que el RDEA realmente ha previsto en el ámbito sancionador y en el desenfoque que, en mi modesto criterio, ha habido en esta cuestión.

El RDEA, insisto, no incluye un régimen sancionador específico o singular. Y, como no lo incluye, no nos lo podemos inventar. Su art. 20 se limita a recordar que: «El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio». Digo que se limita a recordar, porque los términos establecidos en el art. 10 de la LOAES no son otros que esos que el propio art. 20 del RDEA simplemente reproduce.

Frente a lo que se ha sostenido, este último precepto no prevé dos infracciones administrativas: una que consistiría en el incumplimiento genérico del propio RDEA y otra por la desobediencia expresa a los agentes de la autoridad[1]. El art. 20 del RDEA contempla exactamente lo mismo que el art. 10 LOAES al que reproduce: una simple remisión genérica a las leyes. Pero, una remisión, referida únicamente a los supuestos de incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma (el Gobierno y los Ministerios de Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Sanidad). La cuestión que tales preceptos plantean entonces es la siguiente: ¿a qué órdenes de la autoridad se refieren esos dos preceptos? y ¿a qué concretas leyes se remite el castigo de su incumplimiento o resistencia? Aunque, antes de responder, cabría hacerse otra pregunta: ¿cómo se va a castigar a miles de ciudadanos, con las garantías de las sanciones propias de un Estado de Derecho (culpabilidad, imputabilidad, ausencia de error, etc.), si ni la propia Administración sabe cuál es la concreta infracción cometida y su correspondiente sanción?[2].

3.- Pero vayamos a las dos cuestiones planteadas, respecto de las que adelanto ya mi opinión. Los arts. 10 LOAES y 20 RDEA no se refieren al incumplimiento, sin más, de las limitaciones a la circulación, o a otros derechos fundamentales, que establece el propio art. 7 del RDEA o las numerosas Órdenes ministeriales que se están dictando casi a diario, y, por consiguiente, tales incumplimientos no resultan sancionables con arreglo a las leyes a las que aquéllos preceptos, como vamos a ver de inmediato, se remitirían, sino que deberían serlo con arreglo a otras diferentes.

Los arts. 10 LOAES y 20 RDEA hacen una remisión a las leyes en general, porque el comportamiento al que aluden (el incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma) está, en efecto, tipificado como infracción en diversas leyes de nuestro ordenamiento. Pero tales preceptos no tipifican nada nuevo ni permiten sancionar lo que antes no tuviera ya castigo o sanción. ¿Acaso si no existieran tales previsiones, no se podría castigar a quienes incumplieran o se resistieran a las órdenes dictadas por las autoridades competentes en el estado de alarma? Es evidente que sí. Pues hay preceptos que ya tipifican eso como infracción. Cuando se aprobó la LOAES tales leyes eran la de Orden Público de 1959, la de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 y el Código Penal de 1973. Pero hoy la remisión ha de entenderse hecha, obviamente, a otras leyes, todas ellas postconstitucionales: el tan traído, como mal invocado, art. 36.6 LOPSC, que tipifica como infracción grave «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito»; el art. 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto legislativo 5/2015, de 20 de octubre), que tipifica como falta disciplinaria muy grave «la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior»; y, en función de las circunstancia de cada caso, el art. 556.1 del Código Penal, que tipifica como delito la resistencia o desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

Realmente, el art. 10 de la LOAE no añade nada (bueno sí, confusión). De estar en algún lugar de la Ley, debería haberse ubicado sistemáticamente en las disposiciones comunes a los tres estados que regula, como la impugnabilidad de los actos y disposiciones adoptados durante la alarma o el derecho de los particulares a ser indemnizados[3]. Pues lo que el precepto hace, en realidad, es precisar que no se prevé ningún régimen específico o singular -aunque podría haberse previsto- respecto del incumplimiento de las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma, incumplimiento que se sancionará de conformidad con las leyes ordinarias que resulten de aplicación. Por cierto, si las autoridades competentes durante la declaración de los otros dos estados (incluida la militar en el estado de sitio) dictan órdenes y se incumplen, ¿acaso no se sancionará también con arreglo a lo que dispongan las leyes, aunque para esos estados la LOAES no contemple una previsión similar a la del art. 10 para el estado de alarma?

4. Los arts. 10 LOAES y 20 RDEA se refieren inequívocamente, en mi opinión, al incumplimiento de las órdenes de la autoridad competente, sobre todo las dictadas una vez declarado el estado de alarma, aunque también pueden incluirse las que contenga el propio Real Decreto que declara dicho estado (por ejemplo, la obligación de entregar el bien que se requisa o permitir la intervención de una fábrica, explotación o local o la orden concreta de abastecer un mercado). Pero tales preceptos, insisto, no se refieren, en modo alguno, a la vulneración de las normas imperativas o de mandato que contiene el propio RDEA o las distintas Órdenes ministeriales dictadas en su aplicación.

Creo que no se ha reparado lo suficiente ni en el contenido completo del art. 10 LOAE ni en su ubicación sistemática, esto es, en lo que dice antes el art. 9 y el art. 11 precisa después. Si entendemos, como se está haciendo, que los arts. 10 LOAES y 20 RDEA dan cobertura sancionadora (por remisión) a los incumplimientos de las normas de conducta referidas y, además, que la remisión a las leyes, a que tales preceptos aluden, lo es a la infracción grave del art. 36.6 LOPSC, habría que llegar a la siguiente conclusión. Que, de conformidad con el apartado 2 del art. 10 LOAES, si quien incumple alguna de las limitaciones a la circulación es un funcionario, podrá ser suspendido de inmediato en el ejercicio de sus cargos, se pasará el tanto de culpa al juez y al superior jerárquico y se le abrirá expediente disciplinario. Pues, en efecto, el art. 10.2 dice que si estos actos (es decir, el incumplimiento o resistencia a las órdenes de la autoridad a que alude el apartado 1, entre los que algunos incluyen todas las normas de conducta dictadas), fuesen cometidos por funcionarios, las consecuencias serían las que acabo de señalar. Y si es una autoridad quien incumple una de tales normas de conducta, por ejemplo, si el ministro de sanidad sale a pasear fuera de los horarios establecidos por la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, de conformidad con el apartado 3 del art. 10 LOAES, o el de interior utiliza un transporte público sin mascarilla (Orden TMA/284/2020, de 3 de mayo), perderían las facultades de que gozan durante el estado de alarma.

Me parece claro que tales consecuencias tienen sentido si lo que el funcionario o la autoridad incumplen es una orden dirigida directamente a ellos durante el estado de alarma por parte de la autoridad competente, no si vulneran simplemente las normas de comportamiento dictadas durante su vigencia.

5.- El art. 10 LOAE tiene mucho que ver, o, desde luego, tiene más que ver, con lo que establece antes el art. 9 (en virtud del cual, todas las autoridades civiles de las Administraciones públicas, policías autonómicas y locales y demás funcionarios y trabajadores de tales Administraciones «quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente»), que con lo que se dispone en el art. 11 después. En realidad, el art. 10 parece ser el respaldo sancionador de las previsiones del art. 9, un respaldo sancionador por remisión a las leyes referidas. Lo cual no quiere decir, lógicamente, que no respalde también los incumplimientos a tales órdenes por parte de cualquier particular: pero siempre y cuando se trate de un incumplimiento o resistencia a una orden concreta, singular o general, pero orden al fin y al cabo por parte de la autoridad.

Que el art. 10 LOAES se refiere únicamente a las órdenes de la autoridad, y no al incumplimiento genérico de las normas de conducta, se ve claramente también en lo que dispone de inmediato su art. 11, el cual comienza diciendo que: «Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior (es decir, con independencia del incumplimiento a las órdenes de la Autoridad competente y su sanción con arreglo a las leyes que proceda), «el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que se durante su vigencia se dicten, podrán acordar» una serie de medidas, entre ellas, la limitación a la libertad de circulación o la permanencia en diverso lugares, limitar el uso de servicios públicos, etc. Es evidente que el art. 10 y el art. 11 LOAES se refieren a cosas distintas y que el art. 10 sólo daría cobertura (en esa remisión que hace a las leyes citadas) a las verdaderas órdenes que pudiera incluir el propio RDEA, pero no al incumplimiento de sus normas de conducta.

6.- ¿Encaja el incumplimiento de estas normas de conducta en el tipo del art. 36.6 LOPSC? En absoluto. Si subsumiéramos cualquier incumplimiento de los mandatos y prohibiciones dictados durante el estado de alarma en ese precepto de la LOPSC cometeríamos, cuando menos, tres errores: calificaríamos de acto lo que es una norma, haríamos una interpretación extensiva de una norma punitiva y estaríamos mutando el bien jurídico que tratan de proteger las normas de mandato y prohibición aprobadas durante la alarma.

Las órdenes a cuyo incumplimiento o resistencia se refieren los art. 10 LOAES y 20 RDEA son actos administrativos, singulares o generales, pero actos. Si no lo fueran, y en el primero de tales preceptos (que el segundo no hace más que reproducir) cupiera incluir cualquier norma general limitativa de la libertad de circulación, el art. 11 LOAES no comenzaría diciendo que, con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma podrá acordar una serie de medidas entre las que se encuentra, precisamente, la posibilidad de limitar la libertad de circulación. Sin embargo, las limitaciones a la libertad de circulación de las personas previstas en el art. 7 RDEA, o las denominadas medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial de su art. 10, constituyen, claramente normas jurídicas, pues afectan a un número indeterminado de posibles supuestos de hecho y a un número indeterminado también de personas (nada menos que a toda la población, en el primer caso, y a muchos comerciantes, todos los hosteleros y restauradores, peluqueros, etc., en el segundo). Esos preceptos, como muchas de las Órdenes ministeriales que se están dictando en virtud del art. 4.3 RDEA, establecen claramente una regulación abstracta y general, y pasan, por ello, a integrarse en la «legalidad aplicable durante la vigencia del estado de excepción», a formar parte «del sistema de fuentes del Derecho de excepción», en los términos de la STC 83/2016 (FJ 10)[4]. Al entender que son órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma y que su incumplimiento constituye una infracción grave de desobediencia o resistencia a la autoridad, prevista en el art. 36.6 LOPSC, estaríamos considerando que son simples actos, pues hasta ahora, siempre se ha considerado que la desobediencia o resistencia a la que alude este precepto requiere el rechazo o la desatención a un mandato concreto de la autoridad o sus agentes, no el simple incumplimiento o transgresión de una disposición abstracta y general.

Dicho de otro modo, desde la perspectiva sancionadora, hay desobediencia o resistencia a un mandato concreto, de modo que se comete la referida infracción cuando se omite el comportamiento que ese concreto mandato impone, mientras que cuando se trata de una norma abstracta y general habrá simplemente incumplimiento o vulneración, que constituirá una infracción si el simple incumplimiento está tipificado como tal.

7.- Por esta misma razón, se incurre, en segundo lugar, en una interpretación extensiva in peius (prohibida por el art. 25.1 CE) del tipo infractor previsto en el art. 36.6 LOPSC, al incluir en él comportamientos que realmente no prevé, pues dicho precepto se refiere a la desobediencia o resistencia a las órdenes de la autoridad o sus agentes, no al incumplimiento o vulneración de las normas de conducta previstas en disposiciones de carácter general. Así se ha venido interpretando hasta ahora, incluso en el seno del propio Ministerio del Interior, el cual consideraba, a través de su Secretaria de Estado de Seguridad, que los conceptos de desobediencia y resistencia a la autoridad o sus agentes, de conformidad con la jurisprudencia existente al efecto, consisten en una negativa «implícita o expresa a cumplir una orden legítima, usando oposición corporal o fuerza física ante al desarrollo de las competencias de la autoridad o sus agentes», de modo que «una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes no puede constituir una infracción del artículo 36.6, sino se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenada por los agentes actuantes o les impida el desarrollo de sus funciones»[5]. La aplicación del art. 36.6 LOPS, además, resulta desproporcionada, pues cualquier incumplimiento de los mandatos y prohibiciones llevaría aparejada una multa de entre 600 y 30.000 euros.

8.- Mutamos, por último, el bien jurídico que tratan de proteger las normas imperativas que contienen los arts. 7, 10 u 11 del RDEA o las distintas Órdenes Ministeriales, por otro completamente distinto, con el que nada tienen que ver: el que subyace en la infracción del art. 36.6 LOPSC. Es evidente, que las referidas normas de conducta tratan de proteger esencialmente la salud pública (art. 43 CE), cuya puesta en peligro por la Covid-19 justifica la declaración del estado de alarma, como puede verse claramente en el propio título del RDEA, en su exposición de motivos o en el protagonismo que asume el Ministerio de Sanidad, que no sólo es la autoridad delegada en su propia área de responsabilidad, sino, también en las que no recaigan en los demás Ministerios designados como autoridades competentes, de modo que ostenta una suerte de competencia residual [art. 4.2.d) RDEA]. Sin embargo, lo que el deber de obedecer y no resistirse a las órdenes impartidas por la autoridad y sus agentes, trata de proteger, bajo la amenaza de sanción, es claramente el principio autoridad[6]. Las propias Órdenes ministeriales que se están dictando casi a diario con mandatos y prohibiciones dirigidos a toda la ciudadanía recalcan, una y otra vez, que, al igual que el RDEA en virtud del cual se dictan, lo que con ellas se pretende adoptar es «una serie de medidas dirigidas a proteger la salud de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública».

Con la interpretación que finalmente ha impuesto el Ministerio del Interior, en contra del criterio más acertado de la Abogacía General del Estado, cualquier incumplimiento a las normas generales de conducta constituiría, sin más, un ilícito de desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes y, por tanto, bastaría con prever ese sólo tipo de ilícito para considerar que cualquier tipo de incumplimiento de una norma de conducta es infracción, esa concreta infracción.

9.- Los incumplimientos de las normas de conducta dictadas durante el estado de alarma habría que subsumirlos en otros tipos infractores más apropiados, ya que nada ha previsto al respecto, aunque podría haberlo hecho, el propio Real Decreto que declara dicho estado. En mi opinión, tales incumplimientos, de encajar en algún tipo, encajarían, desde luego mucho mejor que en la LOPSC, en el art. 57.2 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que califica como infracción leve el «incumplimiento de la normativa sanitaria vigente»; tipo infractor, por cierto, que tampoco es un dechado de certeza y taxatividad. Podría afirmarse, que si el simple incumplimiento de la normativa sanitaria en una situación de normalidad constituye una infracción administrativa, con mayor razón debe constituirlo cuando se vulnera dicha normativa en una situación de alarma como la actual. Y es claro que el RDEA, y las normas dictadas a su amparo, forman parte de dicha normativa sanitaria, pues se han dictado para hacer frente a una grave crisis de este tipo.

Para dicha infracción se prevé una multa de hasta 3.000 euros, lo que, en función de las circunstancias de cada caso, permite imponer multas más proporcionadas y razonables que las que hasta ahora se están imponiendo, sobre todo, cuando se trata del primer incumplimiento que podría saldarse con un simple apercibimiento o una mínima multa.

10.- Hay otras cuestiones del RDEA que, también, parecen haber planteado problemas desde el punto de vista sancionador, como, por ejemplo, si la cláusula final de su art. 7.1, que permite realizar «cualquier otra actividad de análoga naturaleza» a las que contempla, vulneraría la prohibición de analogía in peius del art. 27.4 de la LRJSP; si el art. 5.2 RDEA («la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los propios agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones») impondría a los ciudadanos un deber general de denunciar y sería aplicable aquí el denominado programa de clemencia del denunciante infractor previsto en el art. 62.4 LPAC; o, en fin, si resultaría razonable aplicar a los expedientes sancionadores tramitados en el estado de alarma la previsión del art. 95.4 LPAC, a tenor del cual «podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición o esclarecimiento»[7].

A pesar de lo que se ha sostenido, el art. 7.1.h) no es una norma sancionadora, sino una norma que reconoce a los ciudadanos el derecho a ejercer su libertad de circulación en todas las circunstancia análogas a los que anteriormente enumera y, en todo caso, de entenderse que constituye el supuesto de hecho de una norma sancionadora, sería una analogía in bonus, no desfavorable, que es la que prohíbe el art. 25.1 CE para proteger a los ciudadanos de posibles castigos por actos no tipificados por el legislador. El art. 5.2 RDEA tampoco impone un deber general de denunciar, sino, más simplemente, el deber de colaborar y no obstaculizar las labores de vigilancia, y comprobación que realicen los agentes de la autoridad respecto de nuestra propia actuación o respecto de la de terceros. Y, desde luego, no cabe en modo alguno la aplicación del denominado programa de clemencia, porque el art. 62 LPAC únicamente lo prevé para las infracciones que puedan causar un perjuicio al patrimonio de la Administración, tal y como puede apreciarse en el inciso inicial de su apartado tercero y en el final del cuarto. Por último, es evidente, que la previsión del art. 95.4 LPAC se refiere únicamente a los procedimientos iniciados a instancia de parte y no a los que comienzan de oficio como el sancionador, pues en estos, la caducidad, como ha señalado el TS, constituye una técnica de protección de los ciudadanos que marca un límite temporal a la «eficacia intrínsecamente punitiva» que posee de por sí todo procedimiento sancionador antes de su resolución y penaliza la falta de diligencia de la Administración en el cumplimento de los plazos legalmente establecidos para tramitar y resolver[8].

La crisis de la Covid-19, como decía al inicio de esta nota, ha puesto al descubierto algunas carencias de nuestro Derecho para hacer frente a situaciones de emergencia como la actual, entre ellas, seguramente, que necesitamos una nueva Ley orgánica que regule más adecuadamente los diferentes estados que contempla el art. 116 de nuestra CE. Pero, también, que los Reales Decretos que regulan el estado de alarma se pueden hacer mejor, pues, sin entrar ahora a analizar las prohibiciones que establece, en lo que al régimen sancionador se refiere, no resulta de recibo que se limite a reproducir un precepto de la LOAES que no establece más que una genérica remisión y, menos admisible resulta aún, que las autoridades encargadas de aplicarlo fuercen la interpretación de la legislación de protección de la seguridad ciudadana e imputen a más de un millón de ciudadanos ilícitos que realmente no han cometido y le impongan su desproporcionada sanción.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:

[1] Carlos Amoedo Souto, «La genealogía autoritaria del régimen sancionador del estado de alarma», pág. 5.

[2] Vid. los criterios, radicalmente antagónicos, mantenidos sobre el tema entre la Abogacía General del Estado y el Ministerio del Interior.

[3] El apartado 1 del art. 3 de la LOAES dispone que «los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes», mientras que su apartado 2 precisa que tendrán derecho a ser indemnizados, «de acuerdo con lo dispuesto en las leyes», quienes sufran de forma directa, por actos que no le sean imputables, daños o perjuicios en su persona, derechos o bienes, como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de tales estados. Lo que la Ley quiere decir es que, en estas cuestiones, no hay un régimen excepcional, sino que se aplica el régimen general previsto en la legislación ordinaria.

[4] Se ha sugerido que los conceptos de disposición y acto carecen de capacidad explicativa en el contexto del estado de alarma y que resulta más conveniente hablar, simplemente, de «medidas de emergencia». Véase en este sentido el magnífico artículo de Francisco Velasco Caballero, «Estado de alarma y distribución territorial del poder», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 86-87, marzo-abril 2020, pág. 84. Pero, en mi opinión, la distinción entre acto y norma es también relevante en el Derecho de necesidad. Es una distinción de Teoría General que puede resulta útil y apropiada también en tiempos de emergencia. La propia LOAES la utiliza en numerosos preceptos (3.1, 24.2) y también el propio RDEA (art. 4.3, 5.5, etc.). Aunque se prescindiera de la distinción para aludir a las medidas acordadas durante el estado de alarma, resultaría necesario acudir a ella a los efectos de aplicar las leyes a las que la propia LOAES se remite, pues tales leyes parten de esa distinción a numerosos efectos. Por ejemplo, si se autorizara a las CCAA o a los Municipios la adopción de determinadas medidas durante la alarma, la precisión de si las mismas son acto o norma puede ser relevante a efectos de determinar el órgano de la jurisdicción competente para conocer de las pretensiones que se deduzcan respecto de ellas. También es relevante la distinción, como se desarrolla en el texto, a efectos de las sanciones que nos ocupan, pues el art. 36.6 LOPSC, según la interpretación que de él se ha hecho hasta ahora, parte de que la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes se refiere a las órdenes que dicten y no a las disposiciones que las primeras pudieran aprobar.

[5] Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con la LOPSC (Instrucción tercera). Sobre la interpretación que de los conceptos de desobediencia y resistencia a la autoridad o a sus agentes ha hecho la jurisprudencia, vid., en este mismo blog, el clarificador trabajo de Carmen Martín Fernández, «¿Es posible sancionar en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana a quienes incumplen las limitaciones de circulación durante el estado de alarma?», quien también concluye, acertadamente, que en estos casos no resulta de aplicación el art. 36.6 LOPSC. La Abogacía General del Estado, en su informe de 2 de abril de 2020, también ha considerado que el art. 36.6 de la LOPSC no sanciona el genérico incumplimiento del ordenamiento jurídico, sino que exige el valor adicional del desconocimiento del principio de autoridad, de modo que «dicha infracción concurrirá cuando, habiendo incumplido el particular las limitaciones del estado de alarma, sea requerido para su cumplimiento por un agente de la autoridad y el particular desatienda dicho requerimiento».

[6] Vid., en este mismo sentido, las certeras apreciaciones de Álvaro Pascual Morcillo, «Covid-19, Confinamiento y multas: ¿qué es desobediencia»?.

[7] Responde en sentido afirmativo a todas estas cuestiones, Carlos Amoedo Souto, «Vigilar y castigar el confinamiento forzoso. Problemas de la potestad sancionadora al servicio del estado de alarma sanitaria», en El Cronista…, cit., págs. 70, 72, 74, respectivamente.

[8] Por ejemplo, SSTS de 19 de marzo de 2018 (rec. núm. 2412/2015) y de 12 de marzo de 2019 (rec. cas. 676/2018).

(Texto ampliado de una parte de mi ponencia en el Seminario web: «Entidades locales y Covid-19: Estado de alarma y lo que viene después», celebrado el pasado lunes día 4 de mayo en el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradezco a su directora, la profesora Silvia Díez Sastre, la amable invitación y a todos quienes participaron sus preguntas y comentarios)