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fruits-25266_1280El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, podrá pasar a la historia como un claro ejemplo de técnica normativa defectuosa -numerosas muestras de ello se han recogido en recientes entradas de este blog-, lo que ha sido origen de abundantes e indeseables arbitrariedades gubernativas y policiales (aprobación por algunos cuerpos policiales de un listado de alimentos que serían los únicos cuya compra justificaría la presencia en la vía pública, órdenes de desalojo en ceremonias religiosas, denuncias por pasear al perro “lejos” del domicilio o por aportar un tique de compra de un supermercado por cantidad inferior a la determinada no se sabe por quién, etc.). Algunas ya se han corregido, pero otras serán los jueces los que tendrán que ir arrojando luz. En esta línea, comentaremos hoy la sentencia de un Juzgado de lo Penal de A Coruña, de 30 de abril de 2020.

El juez absuelve a un vecino de la localidad de Carballo de un delito de desobediencia. Los hechos probados son los siguientes:

“… a las 12:45 horas del día 12 de abril de 2020, el encausado Pedro Miguel fue sorprendido por agentes de la autoridad en las inmediaciones de la iglesia sita en la C/Martin Herrera de la localidad de Carballo. Les comunicó que iba a la Iglesia a practicar actos de culto y le dejaron entrar. Transcurridos unos minutos más tarde lo vieron en las inmediaciones del parque San Martiño sito en la C/ de la Iglesia de la referida localidad, y al preguntarle por su presencia en la calle les dijo que iba a un supermercado a comprar comida.”

Consta también que los servicios sociales le llevaban a casa alimentos y tabaco; aunque cuando los agentes de la Guardia Civil lo detuvieron portaba 12 euros, por lo “que no se puede descartar que fuera al supermercado a comprar cualquier producto de los que no le facilitaba la asistencia social”.

El juez entiende que no existe en esta conducta base para poder ser condenado por un delito de desobediencia por los siguientes motivos:

– “Podía asistir a lugares de culto, lo que en principio no está prohibido por el decreto que establecía el estado de alarma” (FJ 3). Esto es, la sentencia confirma la posición que mantuvimos en esta entrada.

– El Real Decreto del estado de alarma también permite expresamente la circulación por las vías públicas para la “adquisición de alimentos, productos… de primera necesidad” [art. 7.1c)]. A este respecto, la sentencia añade: “No ha quedado demostrado que no fuera a un supermercado, aunque caminara en dirección contraria a su domicilio. Se ignora si hay un supermercado cerca de su domicilio, y el decreto de alarma tampoco obliga a comprar en el supermercado más cercano” (FJ 3).

– “En consecuencia, no se dan los requisitos del tipo del delito de desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes. Así, no ha habido un desacato de forma terminante, directa o expresa de una orden dictada por la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, que imponga al particular una conducta activa o pasiva. En efecto, a la Iglesia le dejaron entrar sin sancionarlo, y cuando lo encontraron unos minutos después en la calle les manifestó a los agentes de la autoridad que iba al supermercado, lo que es una actividad expresamente permitida. Tampoco hubo una negativa u oposición voluntaria, obstinada o contumaz a una orden dada por los agentes de la autoridad, que revele el propósito de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad, porque no ha quedado probada la existencia de ninguna negativa a acatar las órdenes de los agentes, y además, tampoco la conducta del acusado revistió una especial gravedad.”

 

Se trata de una sentencia penal, pero los mismos argumentos -si se compartiera, que no lo hacemos, que la infracción administrativa por desobediencia fuera aplicable al simple incumplimiento de los deberes de confinamiento- deben trasladarse también al ámbito del Derecho Administrativo Sancionador y a aquellas denuncias administrativas que se hayan impuesto por ese mismo motivo (comprar a un supermercado que no era el más cercano al domicilio) u otros motivos próximos (por ej., pasear al perro “lejos” del domicilio -a fecha 19 de abril, la Policía Local de Córdoba había tramitado 67 denuncias por este motivo-). En definitiva, entendemos que tales conductas no podrán ser sancionadas. Aunque resulte preocupante tener que recordarlo, como dice la propia sentencia analizada:

en materia de limitación de derechos, y más cuando se trata de derechos fundamentales, hay que considerar que lo que no está expresamente prohibido está permitido”.

Texto completo de la sentencia, SJP_13_2020